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¿Cómo debería actuar la fuerza pública durante una manifestación?

El “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica” demuestra que el ESMAD actuó sin tener estos lineamientos en cuenta
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Policías con sus escudos en los primeros días de protestas.

Fotografía por Sebastián Comba (@sebastian.comba)

El año pasado el Ministerio del Interior pasó la resolución 1190 de 2018, con la que “se adopta el ‘Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión’”. Con este texto, que se puede encontrar en la página web del Ministerio, así como la resolución, el Gobierno buscó “establecer lineamientos para la adopción de medidas pertinentes por parte de las autoridades del orden ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional, dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica”, indica el Protocolo.

Entre los objetivos que plantea están incluidos: “Brindar elementos que permitan fortalecer la interlocución, corresponsabilidad y coordinación entre las autoridades civiles territoriales, la Policía Nacional y la sociedad civil en el marco del ejercicio de la protesta pacífica”; “Brindar elementos que permitan fortalecer el quehacer de las autoridades civiles y de la Policía Nacional en relación con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, especialmente el mantenimiento del orden público, el respeto y garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”; y “Brindar elementos que permitan fortalecer y adoptar medidas de prevención por parte de las autoridades del orden ejecutivo y de la Policía Nacional ante posibles violaciones a los Derechos Humanos”.

El Protocolo tiene, además, diferentes enfoques. Los dos primeros tratan la participación ciudadana como una forma de fortalecer los derechos y el deber del Estado de respetar y garantizarlos, así como la necesidad de que “se adopten medidas tendientes a evitar la aparición de riesgos excepcionales o, en su defecto, se eviten daños a personas, grupos y/o comunidades”.

También hay conceptos que vale la pena tener en cuenta. De acuerdo con el Protocolo, el uso de la fuerza es el “último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamientos previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley”.

Por su parte, el uso diferencial de la fuerza es el “criterio de aplicación gradual de la fuerza por parte de la Policía Nacional, con base en la aplicación de los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad”. Finalmente, los actos de violencia se entienden, en el segundo punto como una acción que “lesiona o ponga en peligro la vida, integridad, libertad o seguridad de las personas”.

El Protocolo fue hecho bajos los principios de la dignidad humana, es decir, “la garantía de la integridad física y moral de los actores involucrados en el marco de la protesta pacífica. Ninguna disposición del presente protocolo podrá ser interpretada de manera que menoscabe los derechos humanos”. El segundo principio es pro persona, para tener medidas que respeten al ser humano “según los principios constitucionales”. 

El sexto y séptimo principio tratan el uso de la fuerza, y señalan, “Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de otros mecanismo de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto”, y “todas las actuaciones administrativas o de policía relacionadas con la protesta pacífica deben estar acordes con la Constitución Política y la ley”.

Los tres últimos principios son la necesidad, con el que “puede usarse la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en las medidas que lo requiera el desempeño de sus tareas”; la proporcionalidad y razonabilidad, es decir, que el uso de “medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de casa caso y la finalidad de la norma”; y la legalidad, lo que significa que únicamente se puede hacer el uso de la fuerza cuando hay un “objetivo legítimo establecido en la ley”.

Las manifestaciones que cuentan con anuncio previo tienen su propio protocolo y acciones a adoptar en el desarrollo de las mismas. “Cuando se estime necesario recurrir al uso de la fuerza se deberá acatar los principios y estándares internacionales, así como las disposiciones contenidas en los manuales internos de la Policía Nacional atendiendo a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad”, dice un punto.

Así mismo, “Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional podrá trasladarla para su protección o la de terceros, conforme a lo establecido al artículo 155 del Código Nacional de Policía y Convivencia”. La primera medida, añade, es que la policía debe entregar la persona a una familiar o allegado para que asuma la protección.

Hacia el final del Protocolo se presenta el papel de la fuerza pública en las movilizaciones, que es más una reafirmación de lo que se ha dicho anteriormente. Debe garantizar los derechos humanos y las libertades públicas de los manifestantes y de quienes no participan; el uso de la fuerza debe ser el último recurso; la actuación de la policía debe estar “orientada a la garantía del derecho a la reunión pacífica”; y “atenderá y prestará auxilio de manera inmediata a las personas que resulten lesionadas por el uso de la fuerza, siempre que las circunstancias lo permitan”.

A todo este Protocolo vale la pena sumarle lo que dice el Manual Oficial para Procedimientos del ESMAD y que Noticias Uno explicó en su edición del 24 de noviembre. Hay tres formas de actuar para usar las armas no letales. El método parabólico, utilizado para largas distancias, teniendo en cuenta que las cápsulas no golpeen directamente a la gente; rasante, que se usa para que las cápsulas lleguen cerca o a los lados de la multitud; y rastrero, que se dispara al suelo para que no le impacte directamente a las personas.

Ahora, ¿qué parte de este Protocolo y del Manual Oficial incumplió el ESMAD en la muerte de Dilan Cruz, basándose en los videos  e imágenes que han circulado en diferentes medios y redes sociales? Todo lo que está arriba. 

Los objetivos no se cumplieron. No se respetaron los derechos humanos y no hubo prevención por parte de las autoridades para cuidar a las personas; todo lo contrario, terminaron atacando y yendo en contra del enfoque de derechos y el enfoque preventivo. El uso de la fuerza no fue el último recurso, ni fue utilizado para proteger. El grupo del ESMAD estaba caminando por la calle dispersando a la gente, incluso a su alrededor había civiles y periodistas; sus vidas no estaban en peligro. Así mismo, tampoco se tuvo en cuenta el criterio de aplicación gradual. Según el mismo Protocolo, esto clasifica como un acto de violencia.

Los principios de dignidad humana (¿dónde queda la integridad física y moral?) y pro persona (¿dónde están los principios constitucionales?) fueron completamente olvidados, así como la necesidad (¿hacía falta ese disparo?), la proporcionalidad y razonabilidad (¿tenía sentido ese disparo, en esa situación?), y la legalidad (¿bajo qué ley se estaba actuando?).

También se vio que, cuando Cruz cayó al piso, los integrantes del ESMAD y la Policía se quedaron durante un rato y después se fueron. ¿Qué pasó con la obligación policial de “prestar auxilio de manera inmediata a las personas que resulten lesionadas por el uso de la fuerza, siempre que las circunstancias lo permitan”? Es posible que si algún agente se acercaba, por la situación que se estaba viviendo, no hubiese sido bien recibido, pero también una ayuda oficial habría entregado un mensaje diferente.

Ahora, en el Manual para Procedimientos del ESMAD no se menciona que las cápsulas aturdidoras o de gases lacrimógenos se puedan lanzar directamente a las personas. Los videos que han circulado por redes sociales y en los noticieros muestran claramente que el uniformado no disparo ni con el método parabólico, ni rasante, ni rastrero.

Dilan Cruz murió en la noche del 25 de noviembre a los 18 años. El 23 del mismo mes había recibido un disparo en la cabeza por parte de un integrante del ESMAD durante las marchas que ocurrieron ese día.

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