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Un acuerdo que se niega a morir

Análisis de las razones que se esconden detrás de los incesantes a la JEP
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En el año 2016, el Estado colombiano llegó a un Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC. Dos situaciones eran importantes. Por un lado, había sido una guerra de más de 50 años, y en el hemisferio occidental era el último conflicto armado que sobrevivía con las características ideológicas típicas de la guerra fría. En segundo lugar, era el único Acuerdo de Paz que llegaba a buen término de los poco más de 20 activos en todo el mundo. Por ello, la comunidad internacional se volcó a apoyarlo, además, por esa razón al hoy expresidente Santos le dieron el premio Nobel de Paz.

Durante los más de 50 años de conflicto se produjeron alrededor de ocho millones de víctimas, entre ellas, cerca de siete millones de desplazados forzados, 230.000 homicidios, poco más de 30.000 secuestros y al menos 80.000 personas desaparecidas forzadamente. Es decir, cerca del 20% del total de la población colombiana fue víctima de la guerra. Al final, el balance del impacto sobre el país, más allá de la victimización, fue impresionante. Seis millones de hectáreas despojadas a pequeños campesinos, es decir, el mapa de la propiedad rural cambió de forma dramática. Además, el mapa político, producto de los millones de desplazados, se modificó abruptamente; hoy, hay más de 70 excongresistas que han sido condenados por relaciones con grupos armados ilegales. Y también, se transformó el mapa de productividad rural. En el departamento del Chocó, ubicado al occidente colombiano, hasta los cementerios fueron utilizados para sembrar palma africana.

La guerra colombiana dejó muchos ganadores, sobre todo empresarios y políticos que se quedaron con las seis millones de hectáreas despojadas, o que se beneficiaron de grupos armados ilegales para mejorar su capacidad de competencia política. Todos ellos se hacen llamar “terceros de buena fe”, es decir, personas que, si bien se beneficiaron de la guerra, dicen que no sabían que sus tierras adquiridas a bajo costo estaban manchadas de sangre o dicen que no sabían que en las zonas de donde sacaban votos operaban grupos armados ilegales. En la vida real, casi todos ellos sabían, pero se escudan en decir que ignoraban dicha situación y que por tanto son inocentes.

La guerra colombiana dejó muchos ganadores, sobre todo empresarios y políticos que se quedaron con las seis millones de hectáreas despojadas.

Por ejemplo, Chiquita Brands, aceptó ante la Justicia de los Estados Unidos haber financiado grupos paramilitares. También, varias empresas están envueltas en proceso judiciales por el despojo de tierras en la región de los Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. El Fondo Ganadero de Córdoba también está en medio de varios procesos judiciales. Hasta exmagistrados de la Corte Constitucional fueron salpicados por adquisición de tierras que estaban manchas de sangre.

Todas estas personas, los supuestos “terceros de buena fe”, han hecho hasta lo imposible para sabotear el Acuerdo de Paz. Obviamente han disfrazado su discurso de interés en proteger lo que “ganaron”, con diatribas ideologizadas y estrategias para crear rabia en la sociedad colombiana.

Uno de los ejemplos más claros tiene que ver que el ataque sistemático que ha hecho el partido de gobierno a la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz. No se debe olvidar que la Jurisdicción fue el modelo diseñado en materia de justicia transicional para poner fin al conflicto armado. El gobierno colombiano, en cabeza del actual presidente Duque, ha diseñado una estrategia mediática para destruir la JEP. Han convencido a la mayoría de colombiano de que es necesario hacerla trizas porque va a ser un mecanismo de impunidad, según ellos.

Sin embargo, al mismo tempo que repiten esto, también intentan que la JEP solo juzgue a las FARC y promueven acciones para que todos los demás actores del conflicto no sean juzgados. Así, por ejemplo, una de las principales iniciativas del partido de Gobierno fue garantizar que la justicia transicional no juzgara expresidentes; su intención, claramente, es evitar que el expresidente y actual senador Álvaro Uribe comparezca ante a la justicia. Luego, promovieron que los “terceros de buena fe” tampoco fueran a la justicia y quedaran impunes. Efectivamente, esto lo lograron en el Congreso de la República. Ahora, promueven que los militares no sean juzgados por la JEP y al final quieren dejar que el modelo de justicia transicional solo sea para las FARC

Así las cosas, discursivamente acusan a la JEP de traer impunidad, pero es una acusación falsa. Si la Jurisdicción trajera impunidad, el partido de Gobierno intentaría que todos los empresarios, políticos expresidentes y militares fueran a la JEP, pues saldrían impunes. Pero no es así, la JEP trae mucha justicia, por ello los “ganadores” de la guerra le tienen pánico y engañan a la sociedad colombiana diciendo que el modelo de justicia transicional no traerá justicia.

Así las cosas, en Colombia no hay un debate ideológico frente a la paz, ni tampoco político, es una disputa entre unos que quieren verdad, justicia y otros que quieren impunidad y que no se sepa nada de lo que pasó en la guerra. El gran problema es que estos últimos son los que gobiernan y están sacrificando todo el andamiaje que se creó para poner fin a una guerra de más de 50 años.